Publicado: Domingo 28 de junio de 2020

Como una nueva línea de acción permanente del equipo, la solidaridad se instaló en la Defensoría Regional de Tarapacá. Esa actitud, que se activaba colectivamente para situaciones más espaciadas, se afianzó como una línea de acción extra institucional, para un grupo que labora en una de las zonas de mayor impacto social de la pandemia del coronavirus y que además registra la mayor proporción de internos extranjeros en los penales, quienes son personas que quedan con casi nulo contacto con sus familiares. Primero fue una campaña para apoyar la fabricación de mascarillas en los talleres laborales del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, luego la entrega de cajas de alimentos a sectores poblacionales, después el acopio de elementos de aseo a internos del Penal de Pozo Almonte, más tarde apoyo con víveres y ropa a un grupo de imputados extranjeros. Y ahora la rueda vuelve a girar para la nueva donación mensual de alimentos a familias vulnerables. “Eso es algo que me hace sentir orgullo por nuestro equipo, porque nosotros vemos al imputado, pero también percibimos a una persona vulnerable, especialmente en la emergencia actual, y así estamos dispuestos a auxiliarlo, algo en lo que participan los funcionarios de todos los estamentos y oficinas”. La reflexión es de Scarlett Muñoz, abogada de la Defensoría Indígena, y una de las de mayor trayectoria en la institución como parte de las oficinas licitadas. Además forma parte de la comisión encargada de reunir aportes para el apoyo en alimentos a sectores poblacionales vulnerables. “Como integrantes de una comunidad tan interconectada como la Región de Tarapacá, nos hemos impactados por la realidad de nuestros vecinos. Así nació la idea de entregar un aporte mensual para alimentos y otros artículos de primaria necesidad como los de aseo que nuestra comunidad necesita”, remarca Abel Gutiérrez, uno de los miembros del comité encargado de tal gestión.

En el trabajo habitual de la Defensoría, se atiende permanentemente a imputados extranjeros de los diversos penales, quienes son mayoritariamente indígenas y permanecen con un mínimo contacto con sus conocidos, muchos de ellos completamente desvinculados por la lejanía o la situación de pobreza que afecta a sus familias.

“Nuestros usuarios, en general, son personas de escasos recursos y, sobre todo los que están recluidos en Pozo Almonte, necesitan de insumos básicos para su día a día, ya que están privados de libertad pero no por ello de su dignidad”, explica Karina Reyes, Jefa de Estudios de la zona, cuyo equipo asume periódicamente el desafío de coordinar el acopio de ayudas de emergencia. “La pandemia está presente en los recintos carcelarios y en nuestra región, el brote afectó al total de las personas privadas de libertad del Centro de Detención Preventiva de Pozo Almonte, en donde se concentra población extranjera, la que, por el cierre de fronteras, no recibe visitas hace meses”, añade Milenka Marchant, de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa y también encargada de coordinar las campañas dirigidas a los internos de los penales.

“En este contexto partió la iniciativa solidaria para proporcionar ayuda humanitaria que les permita enfrentar la enfermedad en condiciones más dignas”, concluyó Tarapacá tiene una población penal de 2 mil 110 personas, de las cuales casi un 20 por ciento, 416 hombres y mujeres extranjeros, que permanecen con un mínimo contacto con sus familiares. Y el Covid -19 contagió a casi todos en uno de esos recintos penitenciarios, el de Pozo Almonte, que tiene alrededor de 70 internos, la mayoría proveniente de países vecinos. La región entera, de 330 mil habitantes, tiene la mayor tasa de incidencia del Covid-19 en el país luego de la Metropolitana y lleva siete semanas en cuarentena total. Esto ha impactado drásticamente en la economía zonal, que, a parte de la minería, se basa en el comercio, el turismo y los servicios; estos últimos rubros están drásticamente deprimidos por efecto de la emergencia sanitaria.